A continuación la propuesta del Colegio de Arquitectos de Chile al nuevo gobierno. Además los invitamos a ver las entrevistas a los asesores urbanos de los candidatos Eduardo Frei y Sebastián Piñera hechas por Plataforma Urbana.
INTRODUCCION
En el último tiempo la ciudad y su gestión se han convertido en unos de los temas centrales de la agenda país. Los propios ciudadanos están cada vez más activos en defender sus derechos, buscando tener participación directa en lo que se realiza en su barrio y en comuna así como en el país en general.
El Colegio de Arquitectos de Chile, Orden que durante sus casi 68 años de existencia congrega a los profesionales preocupados de hacer ciudad, expresa enfaticamente su interés por velar por su armonía y belleza, entendiendo a la arquitectura y el espacio público como contribuciones esenciales para la calidad de vida de las personas y el desarrollo nacional. En este sentido, considera fundamental que un nuevo gobierno manifieste una postura clara y una agenda activa en pro del bienestar de los ciudadanos.
Por ello, y ante la ausencia de debate durante la actual campaña presidencial sobre los temas del desarrollo urbano y territorial, la vivienda y el equipamiento de las ciudades, formula las siguientes propuestas ante un nuevo gobierno de la República.
DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL
Promover la participación de todos los actores que generan la ciudad, tanto del sector público como de los organismos privados y las organizaciones sociales, construida sobre la base de la transparencia y la integración real y desde las etapas de gestación de los desarrollos urbanos hasta la generación de espacios públicos y su calidad integral.
Terminar con el fuerte desequilibrio de la inversión privada por sobre la inversión pública en la construcción de la ciudad, que hace recaer en las inmobiliarias la decisión mayor sobre la generación y uso del suelo, entendiendo que no debe ser solo el mercado el que regule este usufructo. Lo anterior ha generado una fuerte segregación económico-social y una grave disfuncionalidad entre los habitantes, sus diferentes emplazamientos y la calidad de los servicios a los que cada sector accede.
Resolver la competencia de poderes entre los sectores responsables de la infraestructura y el territorio, coordinando los organismos que rigen las políticas y la práctica del crecimiento urbano.
Impulsar la administración regional ligada a un plan de inversiones urbanas, con financiamiento suficiente para permitir el cumplimiento de metas de largo plazo.
Acoger iniciativas y programas de revitalización de los espacios públicos, incorporando estrategias de seguridad y prevención de los delitos mediante diseños medioambientales armónicos con el entorno.
DERECHOS URBANOS
Formular derechos urbanos a todos quienes habitan las ciudades chilenas, los que dicen relación con derecho al lugar y a la permanencia; derecho a la vivienda; derecho a la movilidad y a la accesibilidad urbana; derecho a disponer de espacios públicos y equipamiento; derecho a la diversidad; derecho a la belleza y armonía de las edificaciones y el entorno; derecho a preservar la memoria y la identidad cultural; derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación; derecho a la participación ciudadana.
Respetar los derechos de las personas a una mejor calidad de vida, garantizando una participación efectiva en la formulación de las políticas y la implementación de una adecuada planificación urbana y territorial para enfrentar los proyectos, realizando su seguimiento con control de sus resultados y sus objetivos.
PLANIFICACION URBANA
Formular una Ley de Planificación urbana y territorial que ordene el desarrollo rural y de los asentamientos humanos.
Revisar y aprobar una Ley General de Urbanismo y Construcción actualmente en trámite de discusión en el Congreso, primera que se somete a consideración del parlamento dado que los dos cuerpos legales anteriores han tenido su origen en Decretos con Fuerza Ley.
Impulsar un debate que garantice un amplio espacio para la participación de la ciudadanía toda, de los profesionales, expertos y estudiosos del área, de los colegios profesionales, de los centros académicos relacionados, así como de los empresarios de la construcción.
Terminar con los ajustes permanentes al Reglamento de la Ley, generando incerteza jurídica que impide conocer las normas y acatarlas, limitando, mientras se estudia la nueva ley, introducir cambios solamente una vez por año y posteriormente, promulgada la nueva Ley, modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción solo cada dos años.
Terminar el estudio y aprobación de leyes actualmente en el Congreso, relativas no solo a la Ley General de Urbanismo y Construcción sino también la Ley de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica Municipal, dotando en esta última a los municipios de los mecanismos y recursos que se necesitan para impulsar el desarrollo de las comunas del país.
Implementar, para las municipalidades un equilibrio entre el poder político y el ámbito técnico para la toma de decisiones, con el fin de terminar con la doble dependencia que tienen las actuales Direcciones de Obras Municipales que entraban y dificultan la actividad gremial y de la construcción.
VIVIENDA
Perfeccionar una política habitacional que evite la concentración de conjuntos de vivienda social en la periferia urbana, con instrumentos regulatorios que contrarresten efectivamente la tendencia a que estos conjuntos se construyan en propiedades de menor valor, aislados y desconectados de los lugares centrales de la ciudad y otros asentamientos humanos.
Reconocer a las Unidades Vecinales, vecindarios y barrios como unidades territoriales de planificación urbana-habitacional y participación ciudadana.
Mejorar los mecanismos de información y educación, así como de participación vinculante de la comunidad organizada, en los procesos de planificación y gestión urbana y habitacional, asegurando que estos contengan todos los factores ambientales, económicos, sociales y culturales que determinan la “convivencia ciudadana”, junto a soluciones y decisiones técnicamente sostenibles, racionales y eficientes.
Reconsiderar el tamaño mínimo de la vivienda social, propendiendo al mejoramiento de los estándares de densidad y de calidad constructiva y espacial.
Mejorar el diseño arquitectónico de la vivienda social.
Propiciar una política de mediación para todos aquellos ciudadanos deudores habitacionales del antiguo sistema, en la búsqueda de una solución a este problema.
Incrementar los montos destinados a subsidio estatal de forma de asegurar los estándares mínimos de las soluciones habitacionales.
ARQUITECTURA INSTITUCIONAL
Adecuar plazos de estudio y materialización de las obras, evitando que primen las consideraciones políticas por sobre las técnicas y planificando su realización para el corto, mediano y largo plazo, con visión de Estado y de integración al desarrollo urbano.
Incrementar una decidida política de concursos de ideas y proyectos de arquitectura y urbanismo, u otras formas de común aplicación en países desarrollados, con el objetivo de lograr mejor calidad para la arquitectura pública permitiendo, de paso, la participación de las nuevas generaciones de arquitectos.
Evitar la política de convocatoria a cierto tipo de licitaciones en que el profesional arquitecto queda supeditado totalmente a la tuición de la empresa constructora, estableciendo limitaciones de tipo ético en relación con la defensa de los intereses del mandante.
PATRIMONIO URBANO-ARQUITECTONICO
Incorporar el Patrimonio a una estructura institucional con rango ministerial, creando el Ministerio del Patrimonio y de los Bienes Nacionales, a partir del actual Ministerio de Bienes Nacionales, con competencia para generar políticas y coordinar diversas reparticiones del Estado que administran y manejan recursos relacionados con el patrimonio.
Reformular la actual Ley de Monumentos Nacionales (N° 17.288 de 1970) creando una legislación que incorpore las nuevas concepciones sobre la materia, integrando diversas categorías patrimoniales además de flexibilizar y diferenciar distintos niveles de importancia y grados de intervención sobre los bienes culturales.
Establecer procedimientos administrativos y financieros de apoyo a los privados, para el rescate, puesta en valor, mantención y uso del patrimonio arquitectónico y su entorno urbano, tales como subvenciones, franquicias tributarias, donaciones y mecanismos de compensación.
Fortalecer una participación ciudadana eficiente y vinculante, en particular a través de organismos especializados y comunidades que habitan en zonas patrimoniales, tanto en los niveles de decisión respectivos, como en la salvaguardia y el diseño de la política y legislación patrimonial.
TECNOLOGIA
Fomentar la incorporación de nuevas tecnologías constructivas y normativas que posicionen al país a la vanguardia en materias relativas a la eficiencia energética, sustentabilidad y estructura portante, generando liderazgo en investigación y aplicación de dichas tecnologías.
Modernizar la fiscalización y supervisión técnica de obras de construcción en todas sus etapas, especialmente aquellas financiadas con recursos estatales.
FORMACION PROFESIONAL
Implementar políticas eficientes y mecanismos de control, acordes con las demandas objetivas de arquitectos en todo el país y en el marco legal vigente, en relación a la proliferación de escuelas de arquitectura y su calidad académica, limitando la sola regulación por el mercado y el despilfarro de recursos que incrementa frustraciones y desempleo laboral.
EJERCICIO PROFESIONAL
Reafirmar el rol del Colegio de Arquitectos de Chile en la protección de la profesión y su ejercicio independiente, digno, ético y eficiente, relevante también para el Estado como respuesta a una visible necesidad social.
Reafirmar la colegiatura obligatoria como una aspiración pendiente para alcanzar un más efectivo y eficiente control sobre el ejercicio de la profesión.
Promover y defender el liderazgo de la profesión de arquitecto y su autonomía en aquellas materias propias de su quehacer y las que la ley del Colegio de Arquitectos establece.
Apoyar la aprobación del Proyecto de Ley, actualmente en trámite legislativo, que regula el régimen de tuición ética de los Colegios Profesionales como marco jurídico imprescindible para cumplir con su rol social.
PROPUESTA DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE AL NUEVO GOBIERNO APROBADA POR EL DIRECTORIO NACIONAL EN SU SESION DEL 06 DE ENERO DE 2010.
PATRICIO GROSS FUENTES
Presidente Nacional
Colegio de Arquitectos de Chile
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